7/03/2019 - Civil i Processal

Reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda

Autor: Goretti Mora Díez

Ayer 6 de marzo de 2019 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió a principios de año con el Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, también de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo que facilitará su convalidación en el Congreso por lo que las expectativas de permanencia de esta normativa son mayores.

Entre las medidas de reforma existentes, se destacan las siguientes:

  • Se liberaliza el alquiler de viviendas cuya superficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial el cómputo anual exceda de 5,5 veces el SMI. Estos arrendamientos se regirán por la voluntad de las partes, sin necesidad de ajustarse al título II de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
  • Se elimina la exigencia incorporada en el año 2013 de que, para que los contratos de alquiler surtan efecto frente a terceros que hayan inscrito su derecho, estos deban inscribirse en el Registro de la Propiedad.
  • Se aumenta el plazo mínimo de vigencia del contrato de alquiler a 5 años. Si el arrendador es persona jurídica, este plazo deberá ser de 7 años.
  • Se aumenta el plazo de preaviso para el vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas a cuatro meses de antelación en el caso del arrendador y a dos meses de antelación en el caso del arrendatario.
  • Se establece el IPC como límite máximo de actualización anual de la renta.
  • Se establece un límite a la exigencia de garantías arrendaticias en un máximo de 2 mensualidades de renta (a parte de la fianza).

Las medidas entrarán en vigor hoy 7 de marzo, afectando a los contratos que se firmen a partir de ese momento. Se debe recordar que los contratos firmados desde el 19 de diciembre de 2018 hasta el 23 de enero de 2019 tendrán una regulación diferente, siendo aplicable en estos casos el Real Decreto-Ley 21/2018 anteriormente referido.