En los últimos meses el Tribunal de justicia de la Unión Europea, TJUE, ha dictado unas resoluciones fundamentales en materia de patentes, en particular sobre la interpretación del ADPIC y la reserva que Estados como España hicieran en su día sobre la patentabilidad de productos farmacéuticos.

Los productos farmacéuticos no se pudieron proteger como tales en España hasta el 7 de octubre de 1992, por lo que las patentes que se solicitaron hasta esa fecha no podían proteger válidamente productos farmacéuticos. Esa normativa permitió a los fabricantes españoles desarrollar procesos alternativos para la fabricación tanto de productos farmacéuticos como de sus principios activos.

Es bien conocido en la industria farmacéutica que desde finales de 2005 las acciones de determinadas compañías titulares de patentes condujo a los tribunales nacionales a aplicar una suerte de patentabilidad sobrevenida y validez de materia no protegida en patentes que (a) bien habían sido solicitadas con reivindicaciones de producto que no se podían proteger en España o (b) bien su validación fue objeto de modificación por medio de revisiones de la traducción para incorporar la protección concedida para otros países de la Organización Europea de Patentes.

Mediante su sentencia de 18 de julio de 2013 y sus dos autos de 30 de enero de 2014, el TJUE ha dejado claro que el Acuerdo ADPIC no confiere protección de producto a lo que no podía protegerse válidamente en España. Esto se ha dicho en los dos Autos mencionados respecto de la patente de la atorvastatina, respecto de la cual los tribunales españoles habían conferido validez por aplicación del Acuerdo ADPIC. La patente en cuestión había sido solicitada en 1990 y publicada por la OEP en el año 2001.

Fruto de esta circunstancia es de prever que se produzca en España un giro de ciento ochenta grados en la tendencia de los tribunales, con lo que podrán lanzarse medicamentos fabricados con procedimientos alternativos que no se hallen protegidos por patente. Ya en el año 2008 se valoraba el ahorro para el Estado de esta circunstancia en más de 3000 millones de euros.